"Políticas de vivienda", Rosario/12, 16-06-12.


Por Sebastián Artola.
Lic. en Ciencia Política. 

Que Rosario haya sido la ciudad que más turnos solicitó del programa de créditos para la construcción de viviendas no es casualidad.
Según los propios cálculos de la Municipalidad, alrededor de 60 mil familias padecen problemas vinculados a la situación habitacional.
Frente a esta realidad, poco y nada fueron las iniciativas del gobierno local en todos estos años: un anuncio de 22 viviendas para sectores medios que perciban un ingreso mínimo de 3500 pesos hacia fines del 2010; la construcción de “2500 núcleos habitacionales” durante el mismo año de los cuales aun pesa la poca precisión respecto a los efectivamente entregados.
Del lado de la provincia, la construcción el año pasado de 620 viviendas en la llamada “Zona Cero”, con fondos nacionales - vale la aclaración - una cuota mensual de 2500 pesos y para las que se anotaron 12 mil familias.
Lo cierto es que el boom de la construcción que caracterizó el crecimiento económico de la ciudad en estos años tuvo su contraste paradójico y más cruel en el permanente aumento del déficit habitacional.
Esto no se explica por otra causa que la realidad de un Estado local sujeto a los intereses de la especulación inmobiliaria y los grandes negocios comerciales, en detrimento del derecho de todo ciudadano a una vivienda digna.
El anuncio por parte del gobierno nacional del Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR) para la construcción de 400 mil viviendas, significa la más importante iniciativa pública contra el problema habitacional de los últimos cincuenta años, a través de un modelo donde el Estado pasa ocupar un rol activo en la distribución de tierras fiscales, la regulación del mercado de suelo urbano y el acceso al crédito, poniendo un freno a la impunidad con se manejó en todos estos años la especulación inmobiliaria y al abuso la lógica privada de la oferta y demanda.
Por eso cuesta entender la reacción del ex gobernador de la provincia Binner al criticar la utilización de los fondos de ANSES para el programa, repitiendo como loro el cliché de los medios hegemónicos de comunicación, a quien tan poco le interesa la realidad de millones de compatriotas más que la suerte de sus propios bolsillos.
Sería bueno que tanto el municipio como el gobierno provincial tomen nota de esta iniciativa, pongan a disposición del programa los terrenos aptos que están bajo su dominio y, sobe todo, impulsen a partir de ahora otro papel del Estado en relación al mercado inmobiliario y al uso de la tierra para así avanzar decididamente en la conquista del derecho que tiene todo ciudadano a una vivienda digna y a poder cumplir el sueño de la casa propia.