"Pensar la ciudad", El Argentino (edición Rosario), 20-01-14.

Por Sebastián Artola (*).
La semana pasada se puso en marcha la anunciada “policía comunitaria” en la ciudad de Santa Fe. En marzo debutaría en nuestra ciudad. Empieza en Bº Las Flores como “prueba piloto”. Y en un segundo momento, se replica en Tablada y Ludueña.
Como complemento, se publicitó que ya está en marcha la instalación de 400 cámaras de videovigilancia en Rosario, y otras 200 en la ciudad de Santa Fe.
La política de seguridad pública del gobierno provincial está en la lupa y el “Plan de Seguridad Democrática”, anunciado con bombos y platillos, en noviembre de 2012, como respuesta a la detención del ex jefe de la policía provincial Hugo Tognoli por vínculos con el narcotráfico y la espiral de violencia que sufre nuestra ciudad, todavía no muestra muchos resultados.
Al menos así, lo grafican las estadísticas de una ciudad que en el 2013 tuvo 264 homicidios en todo el departamento y vio en los últimos tres años como se duplicaron la cantidad de asesinatos. Con una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, Rosario cuadriplica la media nacional y triplica la de Córdoba, una ciudad con dimensiones demográficas muy parecidas a la nuestra.
En este marco, una profunda reforma policial y la democratización del Poder Judicial son imprescindibles, como también una presencia del Estado en el territorio, que sufrió un vaciamiento y desmantelamiento en sus políticas de desarrollo social como de salud, que permita empezar a construir una ciudad con inclusión e igualdad de oportunidades.
El debate sobre una policía local hay que darlo, siempre y cuando forme parte de un diseño estructural que permita reponer la conducción política y el control social sobre la fuerza, cortar los vínculos con el delito y avanzar en una presencia preventiva en el territorio.
Frente a este desafío, la “Policía Comunitaria” o “de proximidad” en nuestra ciudad no es ni chicha ni limonada. Que se suma a la existente Guardia Urbana Municipal (GUM), con objetivos y sentidos, por momentos, poco claros y superpuestos.
Lo mismo para las cámaras de videovigilancia. Si se inscriben en una profunda reforma policial, en el respeto a los derechos individuales y están a cargo de una autoridad pública que responda a una estrategia de lucha contra el delito, pueden ser una herramienta que contribuya a la prevención e investigación.
Lo contrario, no pasa de un negoción de 60 millones de pesos para la empresa que las vendió, un poco de publicidad para el gobierno y la posibilidad de recaudar más por infracciones de tránsito.
Así las cosas en nuestra Rosario, en medio del calor que no afloja, cortes de luz y una nueva embestida de las palometas en La Florida.
(*) Foro Rosario para Todos.