“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 15-04-14.

Por Sebastián Artola (*).
El operativo llevado adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pasado miércoles en nuestra ciudad, marca el fracaso de una política de seguridad del gobierno provincial que marchó siempre detrás de los acontecimientos.
Desde la denuncia pública que llevó a la renuncia del ex jefe de la policía Hugo Tognoli, que al principio fue vista por las autoridades provinciales como una “operación política”, hasta el desplazamiento de la cúpula de la División Judiciales de la Unidad Regional II, en el ojo de la tormenta tras la entrevista televisada una semana atrás por el canal América 24 con el prófugo "Monchi” Cantero, señalado como el líder de la banda de Los Monos.
La falta de decisión política para enfrentar la trama del narcotráfico, el encubrimiento y el pacto con los actores que explican su crecimiento exponencial, son las causas para que nuestra ciudad tenga la triste condición de ser la más violenta del país, con casi un homicidio por día en lo que va del año 2014, cuatro veces más que la media nacional.
Por supuesto que la intervención de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal lejos está de ser una solución en sí misma, pero es mucho más que una mera puesta en escena y poco tiene que ver con la idea de una “militarización” del territorio, como escuchamos desde algunas voces críticas en estos días.
Su presencia es celebrada por los vecinos de los barrios más humildes y esto algo nos dice. Acostumbrados a ver el patrullero pasar por el “kiosquito” a cobrar la cuota mensual a cambio de protección y liberar la zona, por primera vez, reconocen una fuerza de seguridad cumpliendo un rol de prevención y disuasión del delito, sin violencia y represión.
Queda ahora la posta a manos del gobierno provincial. Transformar de modo estructural la policía santafesina y reponer su conducción política, bajo control civil, es ya una obviedad decirlo, pero sigue pendiente. Reformar el Poder Judicial provincial también. Sin avanzar sobre estas dos cuestiones será muy difícil desarticular la trama profunda de acuerdos y negocios que sostienen al narcotráfico en Rosario.  
Para el municipio queda la indispensable tarea de igualar oportunidades e incluir a los barrios que vieron por televisión el “boom” de la ciudad, revirtiendo la matriz de crecimiento sin inclusión social que caracterizó a Rosario en todos estos años. Políticas de urbanización y vivienda, obras públicas elementales como desagües o, incluso, zanjeo en muchos barrios, acceso a servicios públicos dignos, inserción educativa y laboral de los más jóvenes, y promoción de espacios recreativos, culturales y deportivos en los barrios, son deudas internas de una gestión que gobierna Rosario hace veinte años y forman parte de la construcción de un marco de seguridad pública real y efectivo.  
El trabajo mancomunado entre municipio, provincia y nación, y la centralidad del rol transformador del Estado es el camino. Garantizar el derecho a la ciudad a todos los vecinos, como la decisión del poder político provincial de llevar adelante con coraje las tareas que hasta ahora no se hicieron, son condición para modificar el estado de cosas. Sólo así será posible reconstruir una convivencia en paz para nuestra ciudad, desde una mirada integral sobre la seguridad pública.
(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.