“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 22-09-14.

Por Sebastián Artola
La realidad de los jóvenes y niños de nuestra ciudad es alarmante y lejos está de ser una prioridad en la agenda del municipio y la provincia.
En Rosario más de 150 pibes entre 16 y 18 años están procesados por venta de drogas. Del total de homicidios en los últimos años, un 70% son varones que tienen entre 15 y 35 años. Mientras que la mitad son menores de 25 años. Según un estudio realizado por el propio municipio, el 85,5 por ciento de las víctimas no había terminado los estudios secundarios y el 50,9 por ciento no tenía trabajo formal.
Frente a este panorama, pocas son las respuestas. Como plantearon desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud sólo un 1,4% del total del gasto provincial para niñez se destina al Sistema de Protección Integral, teniendo precarizados al 55% de los trabajadores de la Dirección Provincial de Niñez.
Ni que hablar del vaciamiento de las políticas sociales del municipio que se viene llevando adelante desde el año 2010. El desguace y reconversión de los Centro Crecer, primero, bajo el nombre de CTR (Centros Territoriales de Referencia) y ahora presentados como Centros de Convivencia Barrial, son claros ejemplos.
Más allá de los cambios de nombres, lo que continúa es el desmantelamiento de los equipos de profesionales, el traslado a otras áreas, la precariedad edilicia, la pérdida de funcionalidad y la desarticulación de un abordaje integral entre políticas sociales y políticas sanitarias en el territorio.
Las pésimas gestiones al frente de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, los sucesivos cambios de dirección y la ausencia de políticas públicas que promueva una mirada que sitúe a los niños y jóvenes como protagonistas, en el marco del fortalecimiento familiar y comunitario, marcan una clara contradicción con la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en el año 2005, y a la que Santa Fe adhiere desde el 2009.
Conclusión: la espiral de violencia que tiene como principales víctimas a pibes muy humildes y lastima a toda la ciudad, marchó de la mano con la retracción del Estado local y provincial de los barrios más postergados.
La vuelta del Estado a los barrios, con una presencia integral y abierta, es el camino para empezar a transformar esta realidad. Por supuesto, que acompañado de la desarticulación de las tramas profundas que dan forma al narcotráfico en nuestra ciudad, y esto empieza por tener otra Policía Provincial y la democratización del Poder Judicial. 

El derecho a vivir en un barrio integrado a la ciudad, a finalizar los estudios primarios y secundarios, al deporte, a tener una capacitación en un oficio, a conseguir un trabajo digno, hacen a las prioridades que debería tener una agenda pública que aspire a pacificar en serio nuestra sociedad y a construir una Rosario más armónica y justa.